El 18 de enero de 2023 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La denuncia se presentó en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

El 14 de junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina, pidiendo que se investigue las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. En particular se presentó el caso de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios.

Ambas denuncias fueron unificadas en una sola causa, asumida por el fiscal federal Carlos Stornelli.

El 14 de febrero de 2024 el FADD presentó ante el despacho del fiscal Stornelli una ampliación de la denuncia inicial. La ampliación incluyó, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. San Miguel fue sometida a desaparición forzada y fue encerrada en el centro de torturas El Helicoide.

También en febrero de 2024, Amnistía Internacional respaldó el pedido para que la Justicia Federal de Argentina, sobre la base del principio de jurisdicción universal, investigue las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro. A través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), Amnistía Internacional sostuvo que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El 6 de abril de 2024 los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenaron investigar la posible responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.

En su fallo, los indicaron que “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.

El 17 de septiembre el tribunal realizó una audiencia en la que víctimas venezolanas, representantes del FADD y la Fiscalía solicitaron que se ordene el arresto de Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista.

El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, afirmó que la Justicia argentina está “ante un momento histórico” porque, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, tiene la posibilidad de ordenar la captura de “los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte”.

En la audiencia expusieron sus testimonios cinco víctimas venezolanas, quienes relataron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que aplica el régimen de Maduro.

La Justicia argentina ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua.

Uno de los antecedentes más importantes de la aplicación del principio de jurisdicción universal en el mundo sucedió en octubre de 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres, tras una orden de arresto emitida por la Justicia española como parte de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile.

Además de esta causa en la Justicia argentina, el régimen de Maduro también enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde febrero de 2014.

Sobre Maduro también pesa una recompensa de 15 millones de dólares, que ofrece Estados Unidos por información para su captura, luego de que en 2020 el Departamento de Justicia estadounidense lo acusara de cuatro cargos por “narcoterrorismo”.